Covid19 y cómo afecta en las sociedades mercantiles

Covid-19 y cómo afecta en las sociedades mercantiles

Covid19 y cómo afecta en las sociedades mercantiles

Covid-19 y cómo afecta en las sociedades mercantiles. Mujeres Valientes

 

Al hilo a lo publicado anteriormente en Mujeres Valientes  en cuanto a las sociedades zombies y la derivación de responsabilidad de Administradores de las sociedades de capital, creo interesante traer  a colación una circunstancia que se va a plantear en la práctica jurídica una vez se proceda a la finalización del estado de alarma.

Pues bien, el Real Decreto 463/ 2020 de 14 de marzo, en sus disposiciones adicionales segunda y cuarta, procedió a la suspensión los plazos procesales y administrativos. Sin embargo, el plazo de dos meses que establece la Ley de Sociedades de Capital para salvaguardar la responsabilidad de administradores que no convoquen junta general para acordar la disolución de la sociedad que ésta incursa en ella, y con ello, que  no responda este solidariamente de las deudas sociales junto con la sociedad…

… se trata de plazo meramente material, por lo que exigía una regulación expresa del mismo

 

Este extremo se regula en el artículo 40 apartados 11 y 12 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo que viene a determinar que queda en suspenso durante el tiempo que medie el estado de alarma, la obligación de convocatoria de junta general en el plazo de dos meses para acordar la disolución.

Siempre desde bajo la premisa que la sociedad ya se encuentra en causa de disolución por perdidas o inactividad de al menos a un año, entre otros,  el cual comenzará en el momento en el finalice las medidas excepcionales adoptadas.

Pero qué ocurre cuando la causa de disolución por perdidas concurre en el Estado de Alarma ?… Pues  he aquí la parte más interesante que se regula en el mismo artículo 40 ya que viene a establecer que,  estos administradores sociales que estaban obligados a convocar junta general para acordar la disolución,

 

no responderán solidariamente junto con la sociedad de esas deudas sociales

 

Y ¿qué es lo que presenta de interesante?. Sencillamente que la sociedad y con ello, sus administradores podrían optar por proceder prioritariamente al pago de las deudas  que se generen después de la finalización del estado de alarma y no las que se genere durante éste, ya que, cómo hemos expuesto, todas las deudas que medien durante el confinamiento y cese de actividad será únicamente deuda sociales pero nunca puede ser derivada a sus administradores.

Esto cobra especial relevancia en cuanto a las deudas contraídas con TGSS y AEAT durante el estado de alarma, como seguros sociales, impuestos ect.. que nunca  pondrán ser derivadas a los administradores sociales que no proceden conforme exige la Ley de Sociedades de Capital para la disolución societaria.

 

Covid19 … Una crisis que tenemos que tener en cuenta en el ámbito de las sociedades mercantiles

 

La cuestión, que a priori parecería de escasa relevancia cuando fue aprobado, podría llevarnos a no responder ni de los famosos ICO otorgados por entidades bancarias no avaladas por administradores y donde, en su caso, aparece garante el Estado Español, ni de las cotizaciones a la TGSS por los ERTE adoptados por las sociedades ni los distintos impuestos que se deban abonar por estas.

Si bien hemos de tener en cuenta que esto no va a conllevar, por sí, que las distintas Administraciones Públicas no intenten incluir esas deudas en una posible derivación de responsabilidad a los administraciones  pero sí que se tenga en cuenta por el letrado que se oponga a la misma para que se excluya estas del total de las cantidades derivadas.

 

Pongamos como ejemplo una pequeña empresa  de suministro que ya  venía arrastrando ciertos problemas de liquidez antes de la crisis del coronavirus

 

De estar al corriente de pagos, con dos trabajadores a los cuales somete a un ERTE  y  que cesa en su actividad desde el pasado 14 de marzo por los que carece de ingreso alguno para afrontar los pagos corrientes de la empresa como impuestos y seguros sociales.

Así, ajustándonos a la literalidad de la norma a la que venimos haciendo referencia, si durante el plazo que medie el estado de alarma, la sociedad entra en causa de disolución, extremo este que nos interesará acreditar,  todas las deudas que la mercantil asuma en este periodo, principalmente cotizaciones e impuestos, no podrán ser derivadas para responder solidariamente a sus administradores sino que quedarán únicamente como deudas sociales.

En esta situación nos interesará siempre proceder al abono con carácter prioritario de todas aquellas deudas con igual características se generen una vez finalizado este estado excepcional en el que nos encontramos, dejando a salvo siempre, el interés de proceder a la convocatoria de la disolución de la sociedad y un asesoramiento legal a fin de evitar males mayores.

 

En la tesitura de qué partidas pagar y no, se debe contar con este asesoramiento previo y fundamental

 

Arantzazu García Olmo
Arantzazu@efectolegal.es
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